"La historia es la historia, y no puedo cambiarla…”. Así de taxativa es la respuesta del recién nombrado ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez Varela a una pregunta acerca de su pasado y vínculos con la dictadura militar.
En la entrevista publicada por El Mercurio respondió sobre distintos aspectos de su incorporación al gabinete. Una de las primeras preguntas fue sobre el acto de pedir perdón que han realizado algunos personeros de UDI, entre los cuales él no está incluido, sobre el impacto de la violación de los DDHH y en particular sobre su papel como alcalde designado en la dictadura cívico-militar en la comuna de Los Ángeles, y en medio de la contestación asumió que su pasado está allí, inmutable.
El perfil del ministro es de un político duro de derecha, con sentido de orgullo respecto a su relación con el régimen dictatorial. Tanto así, que tras su designación circuló una declaración pública de las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de la Región del Maule donde lo denunciaban sobre el papel que le correspondió jugar en torno a la ex-Colonia Dignidad: apoyo a la “sociedad benefactora” mientras fue alcalde designado, respaldos que continuaron cuando fue elegido parlamentario. Vale recordar que se negó a cancelar de la personalidad jurídica el año 1995 siendo ya conocido el papel del reducto como centro de exterminio, antecedentes comprobados en el informe Rettig de 1991.
La llegada de Pérez y otros tres exparlamentarios al equipo político se puede leer en dos sentidos: dar una señala al sector más reaccionario de la derecha; y como una definición táctica del ejecutivo por recuperar la narrativa de “control y orden”.
La dureza del nuevo equipo se da en contexto del ciclo político en el que estamos insertos, donde la movilización social y las demandas populares por cambios se mantienen pendientes, aunque alertas, mientras se supera la crisis sanitaria y adicionalmente cuando comenzamos a transitar en el cumplimiento del primer hito para construir una nueva constitución, el plebiscito del 25 de octubre.
En los días que continuaron al nombramiento del ministro, varios analistas alertaron que el mayor desafío que le imponía la derecha, desde el punto de vista de gestos, sería el controlar el conflicto del estado chileno en el wallmapu, especialmente por la huelga de hambre que ya pasa de los 3 meses del machi Celestino Córdova, y a la que hace un mes se sumaron otros 11 presos políticos mapuche, y que desde el lunes 27 se agregó como forma de presión, la toma de varios municipios en la zona en disputa de parte de familiares y comuneros que apoyan las reivindicaciones de los huelguistas.
Las palabras y las acciones de las autoridades no han hecho más que confirmar los escenarios más pesimistas para el movimiento social, en que el gobierno se atrinchera lanzando golpes con garrote.
Hace unos días se realizó la cuenta pública del presidente, una instancia formal que estuvo llena de silencios ominosos sobre aquellas cuestiones de las que se esperaban anuncios respondiendo las demandas sociales, en cambio lo que se observó fue una especie de discurso motivacional sin mucho sentido, mientras millones de personas se manifestaban con caceroleos y protestas en muchas ciudades del país.
En el discurso, Piñera realizó algunas referencias a las leyes de endurecimiento y seguridad interna en que están embarcado para el periodo que se abre, y fue muy específico: “Estos proyectos son urgentes y modernizan y fortalecen a nuestras policías, crean un nuevo y moderno sistema de Inteligencia, perfeccionan y hacen más eficaz la lucha contra el terrorismo”.
Parece clara la vocación por el control y el orden, asumiendo que las demandas sociales deben ser respondidas como expresiones de disidencia a la normalidad –en crisis- levantando herramientas para mejorar la represión y la persecución de esa oposición.
Un segundo aspecto que vale la pena destacar tiene que ver con el conflicto en el wallmapu: “(el gobierno) …reafirma su férreo compromiso con la defensa del Estado de Derecho, con todos los instrumentos que la Ley nos otorga, contra la violencia y el terrorismo en la Región de la Araucanía”. En este pasaje el jefe de estado indicó cuáles serán las políticas para abordar las demandas de las comunidades mapuche.
Tras el cambio de gabinete se desataron acontecimientos que bien parecen trazando el cierre de un círculo. El ministro Pérez realizó una visita al wallmapu, se reunió con los jefes policiales, definió prioridades represivas e hizo un punto de prensa en la que expresó las ideas que marcaron el preámbulo de lo que vendría después, en la noche y madrugada del domingo: “…instar a los alcaldes para solicitar el desalojo de los recintos… de no ser recibidos tomar otro tipo de medidas…”.
Un grupo de militantes de ultraderecha, incentivando discursos y consignas xenofóbicas y antimapuche, se organizaron en el esfuerzo por “expulsar” a los ocupantes de las dependencias tomadas, en hora de toque de queda y con la anuencia de las unidades de carabineros. Los registros son estremecedores por la brutalidad y violencia aplicada.
Estamos entrando en una etapa de radicalizaciones de parte de los grupos que resisten los cambios, reaccionarios, y las organizaciones populares, democráticas y de defensa de los derechos tendrán que estar alertas para defender los avances y denunciar los actos violentos sustentados en lógicas racistas, colonialistas y antipopulares.
Es el desafío para el pueblo.
Publicado en www.codepu.cl el 3 de agosto de 2020
https://www.codepu.cl/el-ministro-del-interior-sus-respuestas-y-los-hechos/
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