La última vez que se “reformó”
la Reforma Procesal Penal fue el año 2008 en el gobierno de Bachelet con apoyo
transversal e incondicional de todo el sistema de partidos políticos con
representación parlamentaria, potenciada en una campaña de los medios de
comunicación y centros de estudios de derecha. Esa reforma se llamó “Agenda Corta
Anti delincuencia”. En aquel invierno –el paquete legal fue promulgado en
julio- nos involucramos como Defensoría Popular en cuanto foro y espacio de
debate nos invitaran para denunciar las tropelías que se cometerían en nombre
del “orden social”. La reinstalación de la detención por sospecha (vehículo de
control arbitrario que se uso hasta la década del noventa) ahora se llamaba
“Control de identidad” y serviría para contener y reprimir a los indeseables.
Denunciamos las potestades procesales con las que se investía al ministerio
público, amarrando a los juzgados de garantía a los deseos del fiscal que
quisiera apelar la libertad de un imputado. Esto junto con una larga lista de
modificaciones que simplemente limitaban el espíritu garantista de la Reforma
Procesal Penal, que sin ser una seguridad de imparcialidad ni de implantar una
justicia exenta de doctrinas filo fascistas como “Derecho Penal del Enemigo”,
al menos permitía jugar con reglas mínimas conocidas por todos los actores del
sistema.
Esa voz de alarma se segó
entre la normalidad que impone el devenir político y social del país. Lo único
que podemos decir es que después de 4 años tuvimos, lamentablemente, razón en
la preocupación que manifestamos en aquel momento, pues aquella reforma fue
ampliamente utilizada para criminalizar la protesta social. en especial desde
el año 2011.
Ahora, nuevamente, el
gobierno de turno quiere hacer pasar gato por liebre. El mecanismo es el mismos
de hace 5 años previo al envío del paquete de reforma presentada por la
Concertación: campaña comunicacional potenciada por los medios del sistema que
visibiliza el “descontrol” de la delincuencia; críticas de todos los sectores
políticos del sistema al “papel pasivo y permisivo” de los tribunales de
garantía; urgencia de modificar “espacios” de garantía que son usados por los
“delincuentes”, es decir, un individuo que sin ser culpable de algún delito (pues
están en investigación hechos donde solamente existen imputados) es suficiente
la denuncia para mantenerlos restringidos en la más severa a las restricciones de
garantía, la prisión preventiva.
Este es el mismo esquema,
paso a paso se repite la lógica que permitió aberraciones procesales que ya
mencionamos.
Denunciamos ahora que este
es un plan político que permitiría profundizar las restricciones de las
libertades en el marco del debate de otro proyecto de Ley llamado “Hinzpeter” y
que probablemente signifique medidas similares a las que están en trámite
legislativo, pero producto de la “presión” social y mediática pudieran ser
aprobada de manera más rápida que el proyecto anti movilización con un efecto
policial y procesal similar.
Denunciamos las
manipulaciones de funcionarios políticos del Gobierno, en especial el Presidente
Piñera y su ministro del Interior, que califican un homicidio donde existe una
persona imputada, presionando a la jueza de garantía que ha evaluado
correctamente un principio rector de todo orden procesal equitativo: se es
inocente hasta que no se establezca la responsabilidad en algún hecho
calificado como delito.
Esta es la misma lógica
que hemos visto en otros hechos de connotación social en que el tratamiento
político y mediático sancionan antes que el juicio siquiera comience.
Llamamos a todos los
sectores sociales y políticos a no dejarse engañar por este intento que
solamente significará nuevas restricciones y mayor control y criminalización de
los actos de disidencia y desobediencia.
.JPG)
Comentarios