El Estado chileno tiene la desfachatez de ser postulante al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La pretensión se funda en los avances que se han logrado en la consolidación reivindicatoria en tribunales a las violaciones a los DD.HH. en dictadura, pero ese legado tiene mucho más merito en la fuerza y coraje que le imprimieron las organizaciones sociales y políticas que el deseo original de la administración concertacionista, sino recordar ese verdadero principio dogmático que instaló Aylwin: “justicia en la medida de lo posible”.
Si no hubiese sido por el tesón y constancia de cientos de familiares y chilenos que entendían que la verdad era solo un paso, que se requería justicia en la medida del daño y dolor ocasionado, todo abría quedado en la reivindicación simbólica.
Pero con el pasar de los años, la Concertación se ha ido constituyendo en una institucionalidad que asume la responsabilidad del poder con la fuerza que cualquier gobierno reaccionario quisiera de su administración. Represión y muerte, cerco comunicacional y corrupción, desigualdad social y negación de conflicto jurídico. El poder ha coactado cualquier intención honesta democratizadora dentro de las filas oficialistas.
Y una de las demostraciones más bárbaras de fuerza y violencia ha sido la manera de entender el conflicto mapuche. Sin premeditación, simplemente ha obviado signos y señales que indican que estamos ad portas de una gran eclosión del descontento de la identidad mapuche, expresada después de una maduración de generaciones de jóvenes Weichafes que levantan las reivindicaciones territoriales y autonomistas desde distintos enfoques.
En horas de cambio administrativo del gobierno, en que se dará una señal del camino que asumirá la Concertación en los últimos dos años de gestión –creemos altamente probable que el cambio será en dirección de endurecer la relación- debemos exigir un pronunciamiento oficial del gobierno en torno a la lenta agonía que está sufriendo Patricia Troncoso en la cárcel de Angol; un reconocimiento más explicito de la existencia de un conflicto jurídico que no se resuelve con normas y leyes, se asume desde el reconocimiento de derechos y su vigencia efectiva –un paso importante sería la correcta aplicación del Convenio 169 de la OIT; buscar la responsabilidad de los asesinos de Matías Catrileo. Sabemos que por el momento pedimos mucho, aun para este gobierno que busca constituirse en valuarte de los DD.HH. a nivel internacional.
Que el sacrificio de Patricia Troncoso no sea un triste momento de recuento del camino que debe atravesar nuestra sociedad en el reconocimiento de la deuda histórica, pero principalmente que no sea uno de los tantos sacrificios que asumen valerosos luchadores en el camino de una mejor vida para su pueblo.
Si no hubiese sido por el tesón y constancia de cientos de familiares y chilenos que entendían que la verdad era solo un paso, que se requería justicia en la medida del daño y dolor ocasionado, todo abría quedado en la reivindicación simbólica.
Pero con el pasar de los años, la Concertación se ha ido constituyendo en una institucionalidad que asume la responsabilidad del poder con la fuerza que cualquier gobierno reaccionario quisiera de su administración. Represión y muerte, cerco comunicacional y corrupción, desigualdad social y negación de conflicto jurídico. El poder ha coactado cualquier intención honesta democratizadora dentro de las filas oficialistas.
Y una de las demostraciones más bárbaras de fuerza y violencia ha sido la manera de entender el conflicto mapuche. Sin premeditación, simplemente ha obviado signos y señales que indican que estamos ad portas de una gran eclosión del descontento de la identidad mapuche, expresada después de una maduración de generaciones de jóvenes Weichafes que levantan las reivindicaciones territoriales y autonomistas desde distintos enfoques.
En horas de cambio administrativo del gobierno, en que se dará una señal del camino que asumirá la Concertación en los últimos dos años de gestión –creemos altamente probable que el cambio será en dirección de endurecer la relación- debemos exigir un pronunciamiento oficial del gobierno en torno a la lenta agonía que está sufriendo Patricia Troncoso en la cárcel de Angol; un reconocimiento más explicito de la existencia de un conflicto jurídico que no se resuelve con normas y leyes, se asume desde el reconocimiento de derechos y su vigencia efectiva –un paso importante sería la correcta aplicación del Convenio 169 de la OIT; buscar la responsabilidad de los asesinos de Matías Catrileo. Sabemos que por el momento pedimos mucho, aun para este gobierno que busca constituirse en valuarte de los DD.HH. a nivel internacional.
Que el sacrificio de Patricia Troncoso no sea un triste momento de recuento del camino que debe atravesar nuestra sociedad en el reconocimiento de la deuda histórica, pero principalmente que no sea uno de los tantos sacrificios que asumen valerosos luchadores en el camino de una mejor vida para su pueblo.
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