Por muchos ha sido calificado como el
caso más importante y mediático en que se aplican estatutos antiterroristas
desde la vigencia de la reforma procesal penal (en 2000), comparada solamente
con los juicios políticos a miembros de las comunidades mapuche en el wallmapu.
Desde el nacimiento de nuestra
organización, en 2008, nos cruzamos en varias oportunidades con esta
investigación, comenzada unos años antes, en la que se perseguía la
responsabilidad de una serie de explosiones aparentemente vinculadas y con un
contenido político en su reivindicación.
Durante el transcurso de ese año fue
evidente el prejuicio en contra de todos aquellos que representaban en sus
discursos y acciones alguna crítica al sistema social y político. Casas ocupas,
individuos identificados con el discurso ácrata, o de culturas de autogestión,
fueron rápidamente encasillados como sospechosos y todos los esfuerzos
operativos y de inteligencia se dirigieron en esa dirección.
Una de las características de ese
periodo fue un cierto celo y rigurosidad en la aplicación de normas y
protocolos en los criterios de la investigación. Siempre se llegaba a un punto
muerto por la evidente dificultad de articular una teoría que permitiera
reconocer en estos grupos indicios de organización que pudieran hacerlos acreedores
de los cargos, o ausencia de evidencia que pudiera dar con los sujetos que
estaban involucrados en los hechos. Pero el trabajo mediático y político
estaba en marcha en aquel entonces, operación que orquestó un cerco informativo
y discurso institucional que preparó una opinión pública favorable en la
dirección señalada.
En mayo de 2009, un joven trabajador habitante de una casa ocupa, Cristian
Cancino, fue relacionado con el porte de una cantidad de pólvora ubicada
en una habitación en que eventualmente pernoctaba. Ese hecho lo relacionó con
la investigación principal, después
de una larga estadía en la Unidad Carcelaria Santiago 1, y luego de que la
investigación no pudiera establecer más que una relación circunstancial
se terminó la causa por medio de un juicio abreviado.
A fines de ese año otro acontecimiento
abrió el apetito de los persecutores. Fue un episodio delictual de violencia
intrafamiliar relacionado con un sujeto que intentó asesinar a su pareja. En
las primeras declaraciones que dio en el cuartel de investigaciones, una vez
detenido en una casa ocupa, señaló que sabía quiénes eran los partícipes en la
preparación y colocación de algunas detonaciones e involucró a su víctima y a
otras personas que eran parte del circuito de grupos de cultura autogestionada
y antisistema. Nuevamente el criterio investigativo de la Fiscalía Oriente
fue cauto, no existe posibilidad de que el victimario culpe a la víctima, cosa
que un año después fue pasada por alto para el nuevo persecutor.
Pero los tiempos estaban cambiando en
dirección de nuevas urgencias que se imponían desde el Estado. Marzo de 2010 y
distintas explosiones se agregaban a la carpeta investigativa sin resultados
claros. Unos meses después de asumida la nueva administración de derecha, en junio,
el flamante ministro del interior, Rodrigo Hinzpeter, envía un poderoso recado
al Ministerio Público: “No podemos acostumbrarnos a vivir en un país en que se
pongan bombas”. Al día siguiente Sabas Chahuán traspasa la investigación
de la Fiscalía Oriente y nombra a Alejandro Peña Ceballos, Fiscalía Sur, como
el encargado de establecer responsabilidades. La espectacularidad de todo este
proceso fue en medio de un gran despliegue comunicacional, fue evidente la
operación político procesal que antecedía a probables resultados, pues un
efectista fiscal como Peña no dejaría que su nueva designación no tuviera
imputados.
Lo primero que propuso fue reinterpretar
las investigaciones de la centena de explosiones, asignándole un criterio de
red donde se centraba en las coincidencias de nombres que había arrojado el
trabajo de inteligencia. Luego esa información la cruzó con un modelo
tradicional de organización criminal, que en varias ocasiones le fue útil para
desbaratar grupos de narcotraficantes. Esa idea era la más lógica para su
mirada operativa. Si existen detonaciones y nadie ve nada, es probable que se
esté en presencia de una sofisticada organización criminal, a pesar de la
experiencia concreta y el buen criterio que indique si efectivamente son
anarquistas los que realizan las detonaciones, es altamente improbable
encontrar una organización formal. Luego preparó todos los componentes: opinión
pública sensible y preparada, fuerza operativa y apoyo político del sistema y
una teoría investigativa útil.
El día sábado 14 de agosto de 2010, al
más puro estilo de las acciones represivas en dictadura, colocó en marcha la
“Operación Salamandra”, trabajando en la penumbra de la madrugada, con refuerzo
mediático y él participando en las acciones que se realizaban en detenciones en
la Región Metropolitana y Valparaíso.
En total 15 detenidos, incluido Fuentes
Aliaga que se encuentra cumpliendo condena por el intento de homicidio de una
de las detenidas. Esa noche se cerró el círculo con las impactantes
imágenes de los noticieros y las declaraciones al unísono de los más altos
funcionarios de gobierno avalando una acción que demostraba la pertinacia y
coherencia de las instituciones. Durante los días siguientes fue una
saturación donde se mostró la "claridad" de los hechos desde el
Ministerio Público: sujetos con pasado subversivo, integrantes de casas donde
el discurso antisistema impulsan a bombardear todo lo que se les cruza –se le
llamó centros de poder-, elementos incautados como mochilas, poleras, jeans,
bicicletas, extintores,
literatura y proclamas, bolsas
con pasas, computadores y artefactos de almacenamiento electrónico, todo era útil,
todo era sospechoso.
El 17 de agosto en una maratónica
jornada, el fiscal Peña presentó las pruebas y la evidencia. Fue en ese momento
que la sorpresa tomó a todo el equipo de la defensa. Era inconcebible que
interceptaciones telefónicas que hablaban de deudas de dinero se refirieran, en
concepto del persecutor, a claves para entender la red de financiamiento. O
para establecer liderazgos se escuchara una conversación entre un supuesto
líder dando instrucciones a sus subalternos de cómo comportarse ante
situaciones cotidianas. Un año de investigación para cerrar el acusatorio,
de por medio diez meses de prisión preventiva, separan de los resultados
procesales que hoy conocemos.
Se articuló una teoría del caso que
contemplaba una organización de hecho que se asentaba en centros de poder y
liderazgos efectivos de dos ex integrantes de grupos guerrilleros. Literatura
marxista y anarquista. Materias de propaganda y computadores. Miles de páginas
con fotos y trascripciones de conversaciones de cientos de personas con un
perfil de reuniones y vínculos que llegan a relacionar a muchos de los
integrantes de la propia Defensoría Popular con los imputados.
En nuestro poder quedaron más de 8.000
fojas –copias de la carpeta investigativa- con un trabajo que solamente se
puede entender de un estado policial, con informes periciales que se ordenan en
dirección de establecer un levantamiento de inteligencia de las redes de
individuos y grupos que tienen en común una cierta postura de desencanto con el
orden de las cosas. En lo que respecta a las etapas procesales:
• El grupo operaba como una asociación
ilícita terrorista, con todo el agravante en las penas que aquello implica, con
estructura de mando y financiamiento. Todo aquello no pudo ser sostenido por el
montaje del Ministerio Público, por lo tanto 13 de los imputados son
sobreseídos por este delito.
• Quedan las aristas de los supuestos colocadores de los artefactos explosivos, un segundo delito y por el
cual continuará en la etapa de juicio oral para 4 imputados (Gustavo Fuentes
Aliga ya cumple condena por el intento de homicidio de su ex pareja)
• En relación con el anterior delito, se
acusa por el financiamiento a dos imputados que también van a juicio oral.
La principal acusación del Ministerio
Público era la de asociación terrorista, delito que conlleva altas penas. La
Corte de Apelaciones rechazó cada uno de los recursos impetrados por el
ministerio público, confirmando así la teoría de esta defensa, la del
montaje, situación que llevó al Ministerio Público a solicitar el
sobreseimiento definitivo de todos los imputados por ese delito,
reduciéndose el caso al juicio de los supuestos colocadores y su
financiamiento. Nos nace el convencimiento que en lo que respecta a estos
delitos, no existen medios probatorios para condenarlos.
Finalmente, decir que este ha sido un
tiempo de aprendizaje para esta organización, confirmando nuestra vocación con
la defensa y asistencia legal de todos aquellos que han asumido una postura de
rechazo u oposición social y política al Estado y su orden institucional.
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