Dos de las semanas más intensas en los últimos veinte años en el país, que despertó con una fuerza que desconocía la autoridad política, ha intentado contener con represión y violencia desmedida.
En este contexto Defensoría Popular ha realizado una serie de presentaciones judiciales y administrativas, asistencia técnica y asesorías jurídicas, desde mayo del presente año nuevamente, como en años anteriores, hemos intentado evidenciar la represión en muchos casos desmedida de los funcionarios policiales en contra de manifestaciones públicas.
· Primera querella en contra del Ministerio del Interior y Carabineros interpuesta a raíz de la violenta represión de manifestantes, lunes 9 de mayo, que rechazaban la votación, en primera instancia, para la construcción del mega proyecto HidroAysén. De esa acción judicial hoy se encuentra en la etapa declarativa los tres querellantes: Sara Larraín, Sergio Aguiló Melo y Hugo Catalán Flores (Representante legal Defensoría Popular).· Diversas presentaciones administrativas y denuncias en la Dirección General de Carabineros en contra de funcionarios que han operado de manera desmedida en distintos desalojos de universidades y otros establecimientos movilizados, como el ocurrido en junio en dependencias de la Universidad Central. Estas se encuentran en etapa de indagación sin resultados claros hasta el minuto.
· Asistencia de al menos 800 detenidos en comisarías, verificando el estado físico y situación procesal inmediata de los mismos, informando a familiares y amigos que requieran de los antecedentes de manera clara y oportuna.
· Asistencia de al menos 50 controles de detención en que se ha atendido a un centenar de personas acusadas de desórdenes u otros hechos que se califican de delito, acompañando en toda la etapa procesal correspondiente. De todas las detenciones se ha logrado la declaración de ilegales al menos en la mitad de ellas.
· Acompañamiento de diversos luchadores sociales movilizados que han requerido asistencia jurídica ante las amenazas y otras formas de amedrentamientos, participando en foros y conversatorios donde se han aclarado dudas e inquietudes de los alcances de las posibles represalias de las tomas y movilizaciones.
· Coordinación con alumnos, padres y apoderados de liceos y colegios movilizados en más de cuarenta reuniones en nuestra oficina, referidas a establecer estrategias de asistencia jurídicas ante represalias de sostenedores y otras autoridades contra los luchadores sociales.
· Presentación de Recurso de Protección en favor de una cincuentena de alumnos expulsados de establecimientos movilizados, en el que se acogió la Orden de No Innovar (cuyo efecto es suspender la medida de expulsión mientras se resuelve el fondo de la acción).
· Querella por el delito de injurias en contra de periodistas, editores y representante legal de Canal 13. En su noticiero central se atribuía el quebrantamiento de medida cautelar de Vinicio Aguilera que fue supuestamente gravado marchando el 21 de mayo en Valparaíso.
· Presentación de querella en contra del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter y el director general de Carabineros, Eduardo Gordon, por la violenta represión en contra de miles de manifestantes en las protestas del día jueves 04 de agosto. Este libelo fue acogido a tramitación designado para la investigación al departamento de DD.HH. de la PDI. Han comenzado a prestar declaraciones los querellantes: Camila Vallejo, Camilo Ballesteros, Freddy Fuentes, Lorena Pizarro, Jorge Abedrapo y María Magdalena Rivera, Coordinadora de Defensoría Popular.
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