UNO. No ha sido menor el debate que ha provocado la salida del fiscal jefe de la zona sur Alejandro Peña. Y la discrepancia no la ha producido el legítimo derecho de hacer lo que se le antoje con su carrera profesional y política. El punto seguirá siendo el destino después de la renuncia, asume un cargo técnico-político como jefe de estudio de la subsecretaría del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Se ha especulado sobre las implicancias inmediatas que esto podría tener en el desarrollo de uno de los juicios políticos más significativos desde el advenimiento de la democracia, “Montaje Caso Bomba”, en el que 14 individuos han sido sindicados como autores de una treintena de explosiones.
Sin duda que uno de los principales impulsores de la decisión del Estado chileno de avanzar en la detención de los imputados fue justamente el señor Peña. Las coincidencias “programáticas” y fácticas fueron evidentes desde que asumió el gobierno de derecha en marzo de 2010, tanto así que a los meses fue traspasada la investigación desde la fiscalía oriente donde llevaba 4 años sin encontrar claridad en posibles autores de los hechos.
Pero en esa misma sintonía que mostró el ministro del interior y el fiscal Peña, en solo 6 meses éste vio lo que los fiscales de la zona oriente no pudieron relacionar en años de investigación, y cual aprendiz de mago circense realizó un verdadero ejercicio de prestidigitación vinculando su experiencia mediática en contra de las bandas de tráfico de estupefaciente, con una novedosa teoría sociológica sobre la organización de grupos anarquistas, asignando una estructura partidista y liderazgos sobre dos imputados que para el caso servían sus antecedentes con pasado marxista y su presente antisistémico.
Construyó una teoría del caso, en su opinión era evidente la relación y actuó.
DOS. La apuesta está lanzada. Si en octubre de este año, cuando debiera estar terminando el juicio, salen absueltos o al menos no se comprueba el delito que a la mayoría se le acusa, la “Asociación Ilícita Terrorista”, Peña estará ya instalado en su oficina diseñando nuevas estrategias y analizando el pulso de los conflictos sociales y políticos, para luego combatir la delincuencia y la disidencia política, de eso nadie dude.
Ese es talvez el efecto más duradero del paso dado hace algunas semanas. Su convicción que el delito se enfrenta (es una verdadera guerra para su mente febril) con audacia y cámaras de televisión encendidas; y de pasada podría significar un gran impulso a su carrera pública. A caso alguien dudó que esa sería la dirección de sus acciones cuando enfundado en un chaleco antibalas supervisaba los operativos que desbarataban a cuanto grupo de traficantes se le cruzó en las comunas del sur de Santiago.
Pero de las cosas que incomodan al observar todo el show pirotécnico, es que a menos de un año de realizado sus importantes logros mediáticos, las mismas zonas liberadas del flagelo del narcotráfico se encuentran sumidas en la rivalidad de bandas y grupos delictuales. Lo que coloca en atención que los juegos de luces sirven para el programa de televisión, pero el tema es lejos mucho más complejo, sino por ejemplo ver lo que sucedió con las innumerables intervenciones en la población La Legua.
El domingo 10 de abril, en entrevista concedida a El Mercurio, se refería a la baja de índice en la encuesta de victimización de la población y lo atribuía: “… a una persecución penal estricta, un control férreo sobre las instituciones, motivación permanente e instrucción de las fuerzas de orden y seguridad, la seguridad pública interior, unido a un compromiso muy férreo –que en su oportunidad ya ha dado en ministerio del interior- con esa verdadera lucha contra la delincuencia…”
Encontramos aquí la esencia de la práctica que propone Peña. Su ideal se centra en el esfuerzo de la autoridad, acorde con el discurso del gobierno, y que refleja las principales preocupaciones, cual es la represión y no la intervención estructural de los fenómenos sociales.
Por otra parte, este discurso es también consistente con el modelo de control y contención de la disidencia social y política que se aplica desde el Estado hace ya varios años.
Queda el castigo para los imputados del “Montaje Caso Bomba”, con un periodo de prisión preventiva que se acerca al año, algo que Peña definió como “castigo ejemplificador” y está dentro de las valoraciones que tiene este paladín de la justicia reaccionaria (dicho del acto de fuerza que desprecia los procesos de los sistemas).
Es probable que una vez que termine este desgastante proceso, el señor Peña esté en plena labor de establecer las directrices del combate de todo aquello que la sociedad teme –temores reales y otros estimulados desde el poder. Esas nuevas intensidades se verán en un tiempo mayor pero indudablemente que estará presente en el actuar de los entes persecutorios, y para ese tiempo debemos estar preparados.
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