UNO. Termina un año en el que se desplegaron las fuerzas del sistema. Un año marcado por el rostro oscuro del estado represor –se ha definido acertadamente en círculos sociales como “Estado Policial”-, cruzado en el segundo semestre por la crisis de identidad del modelo –la crisis económica podrá llevar a extremos la represión de las manifestaciones de descontento-, que va obligando a desplegar su verdadero perfil, el que contiene y reprime a la disidencia social y política.
Se abrió fuego –el verano pasado- con el reavivamiento del centenario conflicto entre el estado chileno y el pueblo mapuche, que tubo su mayor impacto en torno al asesinato de Matías Catrileo y la huelga de hambre de los comuneros prisioneros, conflicto que en el transcurso del año se desplegó de manera brutal directamente contra las distintas comunidades en el territorio del walmapu.
La movilización social urbana, de sectores que por distintos motivos, o no tienen representación formal, o por opción política se mantienen al margen de las disputas de esa formalidad, manifiestan distintos reproches a la autoridad publica, esta la reprime y contiene utilizando sus prerrogativas legales, amparando una serie infinita de malos tratos, brutalidad y apremios contra los sectores vulnerables.
Estudiantes secundarios y universitarios, deudores habitacionales, grupos de género, trabajadores, jóvenes, pobladores han sentido las formas que ha ido adquiriendo la respuesta a la protesta social, además contextualizada con la promulgación de una reforma al Código de Procedimiento Penal, la llamada “agenda corta” antidelincuencia, que ha dado aun mayor autonomía a las policías para controlar y reprimir la protesta social.
Todo lo anterior llevó, en el mes de abril, a que un grupo de profesionales, trabajadores por los derechos y estudiantes se organizaran en torno a una iniciativa que buscaba constituir una coordinación de distintos esfuerzos que se realizaban hasta ese momento por separado, en la perspectiva de prestar asistencia jurídica a luchadores sociales. Esta idea cuajó, finalmente, en la creación de “Defensoría Popular”, que en estos ocho meses de existencia ha realizado una basta actividad de promoción, asistencia y defensa de los luchadores que en distintos ámbitos y formas manifiestan oposición y disidencia a políticas públicas, y que desde el estado se intenta contener, controlar y reprimir encausando el accionar de estas manifestaciones en un supuesto valor superior expresado en el orden social.
DOS. En estos ocho meses hemos asistido a no menos de 700 detenidos (procedimiento que se realiza mayormente en las comisarías, pero que se intenta realizar desde el momento en que son detenidos en la calle) exigiendo ante los funcionarios policiales conocer su integridad corporal, el motivo o acusación que se imputa a los detenidos, información que se traslada a los familiares y amigos que generalmente los acompañan en la inmediaciones de los recintos de detención. Se han respondido más de 300 consultas, en reuniones directamente, telefónicas o por Internet sobre procedimientos judiciales diversos relacionados a las detenciones como citaciones, notificaciones y multas. Se ha asistido a más de 50 audiencias de control de detención, asistencia que se realiza directamente en ante el Tribunal de Garantía. Asistencia, al menos 10, ante tribunales de justicia militar que investigan hechos de ciudadanos en el ámbito civil. Se ha representado a lo menos 10 instancias de alegación ante tribunales desde procedimientos abreviados hasta el juicio oral de los cuatro formalizados por hechos del 29 de marzo en Pudahuel, o alegatos en Cortes de apelaciones de la Región Metropolitana
Todo lo anterior se ha hecho solo amparado en el convencimiento que en una sociedad se habla de derechos y garantía, estos ideales deben ser consistentes con un sistemas que los entregue a todos, cosa que se ha visto es limitado a las características de los hechos calificados de delitos.
Además, y no menos importante, la participación activa en jornadas de debate, talleres, conversatorios, encuentros y seminarios que se han convocado en el transcurso del periodo para profundizar e intercambiar experiencias en torno a la represión policial. Estos esfuerzos se han realizado en conjunto con otras orgánicas como son los Piquetes Jurídicos de la Universidad de Chile y Bolivariana, o la inserción reciente a la plataforma de organizaciones que impulsan la campaña “Alto Ahí!” que denuncia a nivel nacional e internacional los procedimientos represivos impulsados en nuestro país.
TRES. Nos encontramos en una coyuntura que permite proyectar el trabajo. Hemos definido mínimos que unen nuestra práctica político procesal, la defensa de los luchadores sociales, que son todos aquellos que han optado por exigir a la autoridad reclamaciones sociales o políticas, transformación parcial o estructural de políticas públicas o del sistema de orientaciones. En este abanico caen muchos miles de habitantes de nuestro territorio, es por lo mismo que vamos priorizando por las expresiones de disidencia consciente, de carácter general. Ejemplo fue el movimiento estudiantil del año que termina, o las manifestaciones de apoyo a las comunidades mapuche en luchas por sus reivindicaciones.
Uno de los principales baluartes de nuestro trabajo es la independencia y equidistancia con organizaciones públicas o privadas, partidos políticos o movimientos de orientación religiosa. Nuestro trabajo lo hemos sustentado en los aportes de cada integrante de la iniciativa. Creemos que esto es necesario para que nuestra labor no sea cuestionada o distorsionada en referencia a la pertenencia de nuestros esfuerzos. Por otra parte, es necesarios considerar que los costos y desgaste del tremendo esfuerzo que ha significado la experiencia que se menciona, pudiera significar un menoscabo de la asistencia que ofrecemos, o que en oportunidades simplemente el peculio personal de los miembros de Defensoría no alcanza para cubrir gastos de las asistencias, es que hemos optado por abrir una cuenta de ahorro bancaria en que ya algunas personas u organizaciones han hecho depósitos que cubren los gastos mínimos de nuestra labor. Pero entendemos que para mejorar y dignificar la propia labor de defensa se requiere encontrar un modelo de gestión que permita equilibrar la independencia y la subsistencia del proyecto.
El modelo va, en todo caso, por profundizar la figura de la ayuda periódica de organizaciones y sujetos que aporten de recursos, que entendemos siempre limitados, pero que se podrá contar con una herramienta dispuesta a responder dignamente en la defensa del derecho a la protesta y la disidencia social y política.
Se abrió fuego –el verano pasado- con el reavivamiento del centenario conflicto entre el estado chileno y el pueblo mapuche, que tubo su mayor impacto en torno al asesinato de Matías Catrileo y la huelga de hambre de los comuneros prisioneros, conflicto que en el transcurso del año se desplegó de manera brutal directamente contra las distintas comunidades en el territorio del walmapu.
La movilización social urbana, de sectores que por distintos motivos, o no tienen representación formal, o por opción política se mantienen al margen de las disputas de esa formalidad, manifiestan distintos reproches a la autoridad publica, esta la reprime y contiene utilizando sus prerrogativas legales, amparando una serie infinita de malos tratos, brutalidad y apremios contra los sectores vulnerables.
Estudiantes secundarios y universitarios, deudores habitacionales, grupos de género, trabajadores, jóvenes, pobladores han sentido las formas que ha ido adquiriendo la respuesta a la protesta social, además contextualizada con la promulgación de una reforma al Código de Procedimiento Penal, la llamada “agenda corta” antidelincuencia, que ha dado aun mayor autonomía a las policías para controlar y reprimir la protesta social.
Todo lo anterior llevó, en el mes de abril, a que un grupo de profesionales, trabajadores por los derechos y estudiantes se organizaran en torno a una iniciativa que buscaba constituir una coordinación de distintos esfuerzos que se realizaban hasta ese momento por separado, en la perspectiva de prestar asistencia jurídica a luchadores sociales. Esta idea cuajó, finalmente, en la creación de “Defensoría Popular”, que en estos ocho meses de existencia ha realizado una basta actividad de promoción, asistencia y defensa de los luchadores que en distintos ámbitos y formas manifiestan oposición y disidencia a políticas públicas, y que desde el estado se intenta contener, controlar y reprimir encausando el accionar de estas manifestaciones en un supuesto valor superior expresado en el orden social.
DOS. En estos ocho meses hemos asistido a no menos de 700 detenidos (procedimiento que se realiza mayormente en las comisarías, pero que se intenta realizar desde el momento en que son detenidos en la calle) exigiendo ante los funcionarios policiales conocer su integridad corporal, el motivo o acusación que se imputa a los detenidos, información que se traslada a los familiares y amigos que generalmente los acompañan en la inmediaciones de los recintos de detención. Se han respondido más de 300 consultas, en reuniones directamente, telefónicas o por Internet sobre procedimientos judiciales diversos relacionados a las detenciones como citaciones, notificaciones y multas. Se ha asistido a más de 50 audiencias de control de detención, asistencia que se realiza directamente en ante el Tribunal de Garantía. Asistencia, al menos 10, ante tribunales de justicia militar que investigan hechos de ciudadanos en el ámbito civil. Se ha representado a lo menos 10 instancias de alegación ante tribunales desde procedimientos abreviados hasta el juicio oral de los cuatro formalizados por hechos del 29 de marzo en Pudahuel, o alegatos en Cortes de apelaciones de la Región Metropolitana
Todo lo anterior se ha hecho solo amparado en el convencimiento que en una sociedad se habla de derechos y garantía, estos ideales deben ser consistentes con un sistemas que los entregue a todos, cosa que se ha visto es limitado a las características de los hechos calificados de delitos.
Además, y no menos importante, la participación activa en jornadas de debate, talleres, conversatorios, encuentros y seminarios que se han convocado en el transcurso del periodo para profundizar e intercambiar experiencias en torno a la represión policial. Estos esfuerzos se han realizado en conjunto con otras orgánicas como son los Piquetes Jurídicos de la Universidad de Chile y Bolivariana, o la inserción reciente a la plataforma de organizaciones que impulsan la campaña “Alto Ahí!” que denuncia a nivel nacional e internacional los procedimientos represivos impulsados en nuestro país.
TRES. Nos encontramos en una coyuntura que permite proyectar el trabajo. Hemos definido mínimos que unen nuestra práctica político procesal, la defensa de los luchadores sociales, que son todos aquellos que han optado por exigir a la autoridad reclamaciones sociales o políticas, transformación parcial o estructural de políticas públicas o del sistema de orientaciones. En este abanico caen muchos miles de habitantes de nuestro territorio, es por lo mismo que vamos priorizando por las expresiones de disidencia consciente, de carácter general. Ejemplo fue el movimiento estudiantil del año que termina, o las manifestaciones de apoyo a las comunidades mapuche en luchas por sus reivindicaciones.
Uno de los principales baluartes de nuestro trabajo es la independencia y equidistancia con organizaciones públicas o privadas, partidos políticos o movimientos de orientación religiosa. Nuestro trabajo lo hemos sustentado en los aportes de cada integrante de la iniciativa. Creemos que esto es necesario para que nuestra labor no sea cuestionada o distorsionada en referencia a la pertenencia de nuestros esfuerzos. Por otra parte, es necesarios considerar que los costos y desgaste del tremendo esfuerzo que ha significado la experiencia que se menciona, pudiera significar un menoscabo de la asistencia que ofrecemos, o que en oportunidades simplemente el peculio personal de los miembros de Defensoría no alcanza para cubrir gastos de las asistencias, es que hemos optado por abrir una cuenta de ahorro bancaria en que ya algunas personas u organizaciones han hecho depósitos que cubren los gastos mínimos de nuestra labor. Pero entendemos que para mejorar y dignificar la propia labor de defensa se requiere encontrar un modelo de gestión que permita equilibrar la independencia y la subsistencia del proyecto.
El modelo va, en todo caso, por profundizar la figura de la ayuda periódica de organizaciones y sujetos que aporten de recursos, que entendemos siempre limitados, pero que se podrá contar con una herramienta dispuesta a responder dignamente en la defensa del derecho a la protesta y la disidencia social y política.
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