UNO. Entre el mes de mayo y julio se han producido acontecimiento que tienen un denominador común. Circunstancias que se van repitiendo con un marcado sentido restrictivo, con fuerza y violencia el Estado chileno continúa en su práctica de asfixia de canales de expresión alternativos o disidentes, pronunciando su cerco de montajes y matonaje al más puro estilo oscurantista.
El 7 de mayo, Elena Varela López, cineasta y documentalista que se encontraba en la filmación de una película documental sobre la vida de la comunidad sitiada de Temucuicui, fue detenida, y el material de su filmación incautado y periciado por organismos de inteligencia en busca de evidencia de dirigentes y voceros de la comunidad mapuche. En el marco de una investigación por un asalto y otros hechos asociados a un grupo de activistas y militantes, se quiere vincular el material artístico de la creadora con ilícitos investigados. La gravedad de los hechos, la legitima actividad de creación artística y de compromiso ético, con el montaje y la utilización descontextualizada de las cintas para identificar y acusar a terceros que colaboran en la filmación, se la quiere relacionar a partir de los compromisos políticos y éticos de Eliana Varela. Tal gravedad, ha sido ampliamente denunciada en el extranjero, pero que de acuerdo a los modos que se hacen habituales para los luchadores sociales, se silencian o tergiversan por los medios oficiales. De hecho, el domingo pasado el analista de medios, Diego Moulian, en su columna de La Nación Domingo, hace notar el silencio cómplice de una noticia que exige de cualquier forma una mayor atención –asociada a una conferencia de prensa que realizaron Ignacio Agüero y Francisco Gedda junto a dirigentes de la Asociación de Documentalistas y de la Asociación de Directores y Guionistas y que no fue cubierta por los medios oficiales-.
El tono sorprendido de Moulian olvida que la política de silencio y omisión –criminal en algunos casos- se viene repitiendo de manera in-creciendo. Los meses de huelga de hambre de los comuneros mapuche en la segunda mitad del año 2007, y tantas otra “faltas y vacíos” en las líneas editoras de los medios, son el reflejo de la concertación de poder político-económico y Estado que manipulan y forman opinión pública favorables a la restricciones de derechos, al silencio de luchas y manifestaciones de disidencias.
DOS. Entre tanto, los reporteros independientes, fotógrafos y cronistas de la represión y la violencia desatada se ven violentados en su legítima actividad.
El 21 de mayo, un profesional que labora para una de las agencias “oficiales”, fue agredido violentamente por las fuerzas policiales. El fotógrafo de EFE Víctor Salas sufrió una agresión que casi le deja sin un ojo. La Unión Nacional de Reporteros Gráficos presentó una denuncia en la Fiscalía Militar de Valparaiso por violencia innecesaria.
La policía no distingue, solo cumple ordenes que son de la autoridad política y que busca controlar los canales de denuncia independientes.
TRES. La tarde del lunes 30 de junio se produjo el allanamiento de la dependencias de la cede vecinal de la Villa Los Nogales, en la popular Estación Central. Policia de Investigaciones buscaba desbaratar la “subversiva” y “molesta” radio comunitaria La Voz -107.3 FM- cuyo eslogan dice “En sintonía con la población”. El ilícito, provocar con su mensaje solidario, autogestionado y comunitario a los canales oficiales de comunicación y entretención, operando desde el alero de la junta vecinal, y como hitos muestran programas de prevención al consumo de drogadicción, emitido por funcionarios del Consultorio del sector, entre otras muchas iniciativas. El radio, cuya potencia, de no más de tres kilómetros a la redonda, fue suficiente para que la autoridad persiguiera a los gestores.
Persecución, amedrentamiento y violencia se repiten como una constante de estos medios de comunicación alternativos, que levantan una voz disonante de la cantinela oficial y monocorde.
En momento que se discute en el congreso un marco regulatorio de la emisoras comunitarias de difusión de mínima cobertura. Pero las manos de los poderes que lucran y profitan con las necesidades humanas, detienen su discusión, que por lo demás, está circunscrita a los técnicos de siempre.
Todos los acontecimientos descritos tienen una lógica común y coherente, contener, controlar y criminalizar la expresión y creación autogestionada, contestataria y disidente de la versión oficial.
El 7 de mayo, Elena Varela López, cineasta y documentalista que se encontraba en la filmación de una película documental sobre la vida de la comunidad sitiada de Temucuicui, fue detenida, y el material de su filmación incautado y periciado por organismos de inteligencia en busca de evidencia de dirigentes y voceros de la comunidad mapuche. En el marco de una investigación por un asalto y otros hechos asociados a un grupo de activistas y militantes, se quiere vincular el material artístico de la creadora con ilícitos investigados. La gravedad de los hechos, la legitima actividad de creación artística y de compromiso ético, con el montaje y la utilización descontextualizada de las cintas para identificar y acusar a terceros que colaboran en la filmación, se la quiere relacionar a partir de los compromisos políticos y éticos de Eliana Varela. Tal gravedad, ha sido ampliamente denunciada en el extranjero, pero que de acuerdo a los modos que se hacen habituales para los luchadores sociales, se silencian o tergiversan por los medios oficiales. De hecho, el domingo pasado el analista de medios, Diego Moulian, en su columna de La Nación Domingo, hace notar el silencio cómplice de una noticia que exige de cualquier forma una mayor atención –asociada a una conferencia de prensa que realizaron Ignacio Agüero y Francisco Gedda junto a dirigentes de la Asociación de Documentalistas y de la Asociación de Directores y Guionistas y que no fue cubierta por los medios oficiales-.
El tono sorprendido de Moulian olvida que la política de silencio y omisión –criminal en algunos casos- se viene repitiendo de manera in-creciendo. Los meses de huelga de hambre de los comuneros mapuche en la segunda mitad del año 2007, y tantas otra “faltas y vacíos” en las líneas editoras de los medios, son el reflejo de la concertación de poder político-económico y Estado que manipulan y forman opinión pública favorables a la restricciones de derechos, al silencio de luchas y manifestaciones de disidencias.
DOS. Entre tanto, los reporteros independientes, fotógrafos y cronistas de la represión y la violencia desatada se ven violentados en su legítima actividad.
El 21 de mayo, un profesional que labora para una de las agencias “oficiales”, fue agredido violentamente por las fuerzas policiales. El fotógrafo de EFE Víctor Salas sufrió una agresión que casi le deja sin un ojo. La Unión Nacional de Reporteros Gráficos presentó una denuncia en la Fiscalía Militar de Valparaiso por violencia innecesaria.
La policía no distingue, solo cumple ordenes que son de la autoridad política y que busca controlar los canales de denuncia independientes.
TRES. La tarde del lunes 30 de junio se produjo el allanamiento de la dependencias de la cede vecinal de la Villa Los Nogales, en la popular Estación Central. Policia de Investigaciones buscaba desbaratar la “subversiva” y “molesta” radio comunitaria La Voz -107.3 FM- cuyo eslogan dice “En sintonía con la población”. El ilícito, provocar con su mensaje solidario, autogestionado y comunitario a los canales oficiales de comunicación y entretención, operando desde el alero de la junta vecinal, y como hitos muestran programas de prevención al consumo de drogadicción, emitido por funcionarios del Consultorio del sector, entre otras muchas iniciativas. El radio, cuya potencia, de no más de tres kilómetros a la redonda, fue suficiente para que la autoridad persiguiera a los gestores.
Persecución, amedrentamiento y violencia se repiten como una constante de estos medios de comunicación alternativos, que levantan una voz disonante de la cantinela oficial y monocorde.
En momento que se discute en el congreso un marco regulatorio de la emisoras comunitarias de difusión de mínima cobertura. Pero las manos de los poderes que lucran y profitan con las necesidades humanas, detienen su discusión, que por lo demás, está circunscrita a los técnicos de siempre.
Todos los acontecimientos descritos tienen una lógica común y coherente, contener, controlar y criminalizar la expresión y creación autogestionada, contestataria y disidente de la versión oficial.
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