Eduardo mira su reloj, dan las 13:26 hrs. El metro circula sin mayor problema por la línea uno desde Providencia al poniente, pero al llegar a la estación Baquedano queda en evidencia todo aquello que a la percepción de muchos habitantes de este país de pronto quisieran no tener que enfrentar. La represión arrecia en la superficie, y el gas tóxico que la policía utiliza se ha filtrado con facilidad en los andenes, generalmente, pulcros del tren metropolitano. Se siente el peso de la lucha que dan miles de jóvenes en ese momento y que grafica un tiempo que se hace cada vez más evidente: se comienza a no tolerar la prepotencia de las políticas públicas que se construyen a espaldas de amplios sectores sociales.
En estación República, dos jóvenes, Irma y Claudia esperan a Eduardo. Ellas cursan tercer y cuarto año de la carrera de Derecho en la Universidad de Chile y pertenecen a un grupo de estudiantes llamado “Pikete Jurídico”, colectivo que presta asistencia a los secundarios y universitarios que se encuentran en movilización, al igual que el 2006, han levantado la voz para oponerse a la mañosa mentira de la administración concertacionista, que junto a la derecha, han decidido aprobar la “transformación” de la Ley Orgánica Constitucional de Educación –LOCE- en Ley General de Educación –LGE- que aparte de su identificación, avanza poco en las preocupaciones que platearon profesores y estudiantes en aquel año de la revolución pingüina.
Dan las 13:34. Se saludan Eduardo, Irma y Claudia. Esa mañana ellas han participado en la marcha que se convocó desde calle Tobalaba hacia el centro de la ciudad. Le relatan a Eduardo la fiereza represiva de Fuerzas Especiales, que no han permitido que unos 4000 estudiantes, junto a algunos padres y profesores, manifiesten el rechazo a la votación que se llevará a cabo en el congreso para legislar el proyecto. Han alcanzado a caminar cien metros y entra en acción la policía. Nuevamente, y como se ha hecho normal en el país, la intolerancia de la autoridad para permitir las expresiones de disidencia han terminado con cientos de detenidos, golpeados, intoxicados, mojados por los procedimientos policiales. En esta oportunidad, han sido mucho más violentas.
Desde abril de este año se ha concretado una iniciativa de un grupo de abogados y trabajadores por los derechos, que han coordinado esfuerzos que muchas veces fueron inorgánicos –varios de ellos han trabajado en la asistencia de los luchadores por años-, para crear un referente, a Eduardo le gusta identificar con una herramienta, llamada “Defensoría Popular”. Su pretensión es clara: estar a disposición de los luchadores sociales, que en el más amplio sentido del concepto, son todos aquellos que entienden que el logro de una sociedad justa pasa por manifestar y repudiar las políticas y prácticas excluyentes, aspiración que pasa por el reconocimiento de las múltiples identidades nacionales, sociales y culturales que componen nuestro país.
Ese miércoles 18 de junio, se coloca en acción un cúmulo de experiencias de los integrantes de la iniciativa: estudiantes, procuradores y abogados, que han estado comprometidos con la defensa de esas luchas.
A esa hora, María se encuentra en la 19ª Comisaría de Providencia y coordina los esfuerzos de varios otros integrantes. Magela se dirige a la 1ª Comisaría de Santiago, y Eduardo, Irma y Claudia se han apersonado en la 2ª Comisaría de calle Toesca. En el lugar hablan con los compañeros de cinco estudiantes de la UTEM que han sido detenidos al interior del recinto académico, que sin la autorización de la rectora, violando un espacio que es respetado para el debate y la construcción de ideas.
Instrumento importante ha sido el teléfono celular. María informa que en la unidad policial donde ella se encuentra van 200 detenidos y que han comenzado a derivar a la 18ª de la comuna de Ñuñoa. Magela informa que en la 1ª de Santiago no han trasladado detenidos y que ella parte a Ñuñoa. Mientras tanto, Washington y Rodrigo, los abogados, se encuentran presentando una acción excepcional que contempla el Código Procesal Penal llamado “Amparo de Garantía” (Artículo 95) y que se interpuso en el 8º Juzgado de Garantía. Esta acción tiene por objeto asegurar que a los sujetos privados de libertad se les reconozca y aseguren todas los derechos y garantías como tal, y primeramente que el juez correspondiente conozca de los antecedentes por lo cueles se encuentra en dependencias policiales. Esta es una acción procesal que permite que el juez pueda, incluso, apersonarse en dependencias donde los sujetos se encuentran para asegurar la correcta aplicación de los derechos.
Todo lo anterior, permitió que ese miércoles una jueza realizara una visita a tres unidades policiales: 18ª, 19ª y 33ª y reconociera en terreno parte de la prácticas de castigo al tener a menores de edad mojados y sin alimento hasta alta horas de la madrugada (el 11 de junio los secundarios fueron dejados en libertad hasta las 2:00 de la mañana).
Mientras tanto, Eduardo, Irma y Claudia han seguido en su recorrido por comisarías. En la 18ª de Ñuñoa está Magela y se ha integrado Tomás.
Posteriormente se dirigen a la 33ª, también en Ñuñoa.
Defensoría Popular se presenta como una orgánica en construcción pero que es capaz de responder a las urgencias y dinámicas que va presentando la lucha social. Sergio, Leonardo, Magela, María, Eduardo, Irla, Claudia, Rodrigo, Washington, Tomás, Yénive y una docena más de trabajadores por lo derechos, que aportan desde sus actividades profesionales para constituir este referente.
Esa noche, casi a las 22:00 hrs. Los tres se han sentado al fin a comer algo caliente. La lluvia y el frío no ayudó mucho a la labor realizada toda esa tarde, pero existe una satisfacción en el grupo y que es compartida por varios otros que a esa hora aún están viendo a chicos en las unidades policiales. Que al fin existe con propiedad una herramienta que está a disposición de las luchas sociales y que en un tiempo que se hace cada vez más excluyente, exista una trinchera que ni la violencia ni la desidia podrán detener, ese es el deseo que manifiestan mientras repasan los acontecimientos de esa tarde de lucha.
En estación República, dos jóvenes, Irma y Claudia esperan a Eduardo. Ellas cursan tercer y cuarto año de la carrera de Derecho en la Universidad de Chile y pertenecen a un grupo de estudiantes llamado “Pikete Jurídico”, colectivo que presta asistencia a los secundarios y universitarios que se encuentran en movilización, al igual que el 2006, han levantado la voz para oponerse a la mañosa mentira de la administración concertacionista, que junto a la derecha, han decidido aprobar la “transformación” de la Ley Orgánica Constitucional de Educación –LOCE- en Ley General de Educación –LGE- que aparte de su identificación, avanza poco en las preocupaciones que platearon profesores y estudiantes en aquel año de la revolución pingüina.
Dan las 13:34. Se saludan Eduardo, Irma y Claudia. Esa mañana ellas han participado en la marcha que se convocó desde calle Tobalaba hacia el centro de la ciudad. Le relatan a Eduardo la fiereza represiva de Fuerzas Especiales, que no han permitido que unos 4000 estudiantes, junto a algunos padres y profesores, manifiesten el rechazo a la votación que se llevará a cabo en el congreso para legislar el proyecto. Han alcanzado a caminar cien metros y entra en acción la policía. Nuevamente, y como se ha hecho normal en el país, la intolerancia de la autoridad para permitir las expresiones de disidencia han terminado con cientos de detenidos, golpeados, intoxicados, mojados por los procedimientos policiales. En esta oportunidad, han sido mucho más violentas.
Desde abril de este año se ha concretado una iniciativa de un grupo de abogados y trabajadores por los derechos, que han coordinado esfuerzos que muchas veces fueron inorgánicos –varios de ellos han trabajado en la asistencia de los luchadores por años-, para crear un referente, a Eduardo le gusta identificar con una herramienta, llamada “Defensoría Popular”. Su pretensión es clara: estar a disposición de los luchadores sociales, que en el más amplio sentido del concepto, son todos aquellos que entienden que el logro de una sociedad justa pasa por manifestar y repudiar las políticas y prácticas excluyentes, aspiración que pasa por el reconocimiento de las múltiples identidades nacionales, sociales y culturales que componen nuestro país.
Ese miércoles 18 de junio, se coloca en acción un cúmulo de experiencias de los integrantes de la iniciativa: estudiantes, procuradores y abogados, que han estado comprometidos con la defensa de esas luchas.
A esa hora, María se encuentra en la 19ª Comisaría de Providencia y coordina los esfuerzos de varios otros integrantes. Magela se dirige a la 1ª Comisaría de Santiago, y Eduardo, Irma y Claudia se han apersonado en la 2ª Comisaría de calle Toesca. En el lugar hablan con los compañeros de cinco estudiantes de la UTEM que han sido detenidos al interior del recinto académico, que sin la autorización de la rectora, violando un espacio que es respetado para el debate y la construcción de ideas.
Instrumento importante ha sido el teléfono celular. María informa que en la unidad policial donde ella se encuentra van 200 detenidos y que han comenzado a derivar a la 18ª de la comuna de Ñuñoa. Magela informa que en la 1ª de Santiago no han trasladado detenidos y que ella parte a Ñuñoa. Mientras tanto, Washington y Rodrigo, los abogados, se encuentran presentando una acción excepcional que contempla el Código Procesal Penal llamado “Amparo de Garantía” (Artículo 95) y que se interpuso en el 8º Juzgado de Garantía. Esta acción tiene por objeto asegurar que a los sujetos privados de libertad se les reconozca y aseguren todas los derechos y garantías como tal, y primeramente que el juez correspondiente conozca de los antecedentes por lo cueles se encuentra en dependencias policiales. Esta es una acción procesal que permite que el juez pueda, incluso, apersonarse en dependencias donde los sujetos se encuentran para asegurar la correcta aplicación de los derechos.
Todo lo anterior, permitió que ese miércoles una jueza realizara una visita a tres unidades policiales: 18ª, 19ª y 33ª y reconociera en terreno parte de la prácticas de castigo al tener a menores de edad mojados y sin alimento hasta alta horas de la madrugada (el 11 de junio los secundarios fueron dejados en libertad hasta las 2:00 de la mañana).
Mientras tanto, Eduardo, Irma y Claudia han seguido en su recorrido por comisarías. En la 18ª de Ñuñoa está Magela y se ha integrado Tomás.
Posteriormente se dirigen a la 33ª, también en Ñuñoa.
Defensoría Popular se presenta como una orgánica en construcción pero que es capaz de responder a las urgencias y dinámicas que va presentando la lucha social. Sergio, Leonardo, Magela, María, Eduardo, Irla, Claudia, Rodrigo, Washington, Tomás, Yénive y una docena más de trabajadores por lo derechos, que aportan desde sus actividades profesionales para constituir este referente.
Esa noche, casi a las 22:00 hrs. Los tres se han sentado al fin a comer algo caliente. La lluvia y el frío no ayudó mucho a la labor realizada toda esa tarde, pero existe una satisfacción en el grupo y que es compartida por varios otros que a esa hora aún están viendo a chicos en las unidades policiales. Que al fin existe con propiedad una herramienta que está a disposición de las luchas sociales y que en un tiempo que se hace cada vez más excluyente, exista una trinchera que ni la violencia ni la desidia podrán detener, ese es el deseo que manifiestan mientras repasan los acontecimientos de esa tarde de lucha.
Comentarios