UNO. El historiador holandés Johan Huizinga en su libro “Homo ludens” reflexiona sobre la capacidad del hombre para desarrollar su cultura desde la experiencia lúdica, la asignación de roles y las prácticas colectivas que se centran en el establecimiento de reglas y posiciones de juego. Su hipótesis se refiere al sentido del juego en sus “formas superiores” esto es las manifestaciones antropológicas de la misma y no desde la perspectiva psicológica vinculada al desarrollo del ciclo vital del sujeto. Por lo tanto su enfoque hace suponer que de alguna forma toda actividad humana es juego, es relación de la emoción al cumplir las reglas de las actividades lúdicas que se despliega en cada dimensión.
No basta buscar ejemplos muy distantes para corroborar la hipótesis que mencionamos. Es cosa de encender la televisión o abrir el diario con la información del circo –literalmente- que ha significado el enfrentamiento de bandos, de grupos que juegan a hacerse daño, como si de eso dependiera el destino de un conjunto humano, o al menos de nuestra estropeada cotidianidad. Por ejemplo, la acusación constitucional y su desenlace, de primera instancia, es la demostración palmaria del juego, de la adrenalina, de la emoción que significa participar en la actividad, asignados cada cual sus roles, con reglas prefijadas y contenidas como caballeros que luchan por los botones (“La Guerra de los Botones” película francesa de 1962 que también podría simbolizar la lucha lúdica que se da en el congreso).
La ventaja de este juego es que nadie se hará daño. Sinceramente alguien podría creer que la vida cambiará en algo que se destituya a una ministra, que se desarmará en algo la tan preciada estabilidad, el esquema prefijado y acordado por la elite desde fines de dictadura y que ha significado importantes beneficios a los bandos en “pugna”. Nada de lo que se diga o haga implicará una perdida de la estabilidad del juego, de hecho es parte de mismo los reclamos, los lloriqueos de los participantes, que exigen al “arbitro” (Tribunal Constitucional, Corte Suprema) que mantenga las reglas, simbólicamente sirve para tensar a los grupos, ayuda a definir las correlaciones de los jugadores, tensando a los bandos, confirmando o estableciendo nuevos liderazgos.
Da algo de pudor ver a ministros, congresistas o dirigentes comentar las incidencias de la partida, rasgando vestidura y hablando de la crisis en ciernes, de la falta del credibilidad del contrincante, de las zancadillas no sancionadas, de la falta de “fair play”. Una mugre que no se asuma – Huizinga diría que es parte de la dinámica del juego que se hable desde la seriedad y rigurosidad de la actividad sistematizada- que nada cambiará, que todo está hablado y sancionado, que la derecha y la concertación saben que existe un límite y es el de la estabilidad del sistema, que esa frontera requiere acuerdos nacionales cuando se ve amenazada, que existe una homeostasis que perdura, y en momentos que se ve cuestionada se ha tenido que llegar a consensos, éstos de han logrado.
DOS. Lo que si debiera preocupar, alarmar, sincerar en los limites, son las prácticas – nuevamente juegos desde la perspectiva de Huizinga- pero esta vez es de las actividades que si tienen consecuencias para la comunidad, para los pueblos que componen nuestro país, para sus habitantes, para los que disiden del juego de poder. Pero esos juegos se muestran de manera diversa en los medios, están cercados por el prejuicio, por la indiferencia o por el interés de los dueños, los que imponen las reglas. La muerte de dos joven a consecuencia directa -René Palma Mancilla- o indirecta -Jhonny Cariqueo Yánez- de la represión o el clima de criminalización y persecución que opera en bastos sectores de la ciudad, donde el acto de protesta política es contenido como un delito, expresión de la teoría del “Derecho penal del enemigo”, de la indeseabilidad de los sujetos asistémicos, en el que la policía actúa de manera descontrolada, casi sin contrapesos institucionales que les permitan desplegar procedimientos ajustados al derecho humanitario internacional que contempla limites en el actuar de las fuerzas de seguridad.
Este es el juego de roles, en el que los sujetos populares son los “malos”, los enemigos que deben ser controlados y neutralizados. El problema es que en esta lógica de enemigos, se atropellan un cúmulo de garantías de diversa naturaleza, para manifestaciones también diversas. Hace unas semanas se realizó una protesta frente al Tribunal Constitucional referido al fallo espurio sobre la pastilla anticonceptiva de emergencia. Un numeroso contingente policial intentó controlar la “horda” de mujeres y hombres. Sin provocación aparente, la policía utilizó fuerza disuasiva para disolver la pacifica protesta, que entre sus convocantes se encontraban organizaciones oficialistas. Nada sirvió para impedir el accionar. Fueron varios los detenidos y golpeados.
El martes pasado el capítulo chileno de Amnistía Internacional envió una carta al gobierno, en voz del ministerio del interior, para reclamar por los hechos de ese jueves 3 de abril, y para pedir una definición clara de parte de la autoridad referida a los derechos que tienen los ciudadanos para manifestar su disenso en la calle, el uso de fuerza y otros aspectos de la manera de asumir la protesta pública.
Quien comprenda un poco el sentido de la argumentación oficial podrá suponer que el tenor de la respuesta –si es que se entrega públicamente- será en el sentido de la invocación del mentado “estado de derecho”; de la “garantía que tiene todo ciudadano en asociarse y manifestar pacifica y libremente su parecer”. Resulta que todo aquello, frases más que conocidas por todos los que propiciamos cambios en nuestro entorno y que por lo tanto hemos tenido que estar a disposición de las fuerzas del orden, tiene limites claros desde la lógica del poder. “Libertad en la medida que no se oponga a la libertad de otros…”; “…no entorpecer el normal desarrollo de la actividad comercial establecida… y manifestar en paz” (argumentación mezquina la que desplegó Bachelet previo a la conmemoración del día del joven combatiente y que dejó de saldo la expulsión de seis ciudadanos europeos por participar en un carnaval cultural en la tarde de la jornada); “…que no se produzcan desmanes ni salidas de un ideal itinerarios…”, por supuesto que todo lo anterior debe estar informado y aprobado por la autoridad –la intendencia de Santiago se demora hasta 3 días en responder a la solicitud de manifestación pública. Por lo visto, en el ámbito de los derechos políticos se está perdiendo rápidamente consistencia, en una democracia que es una sombra de lo que se quiso construir a fines de los noventa.
TRES. Nuevamente el juego como referencia, no solo metafórica, de las dimensiones de desarrollo de los vínculos gregarios del ser humano. De manera certera se debiera decir que nos hiciéramos cargo del juego y sus reglas, de la elaboración de los roles con la asignación de actividades asociado. Aquí hablamos de esa tremenda utopía que es la autonomía. Pero eso es parte de otra reflexión. Mientras tanto a empoderar nuestro entorno.
No basta buscar ejemplos muy distantes para corroborar la hipótesis que mencionamos. Es cosa de encender la televisión o abrir el diario con la información del circo –literalmente- que ha significado el enfrentamiento de bandos, de grupos que juegan a hacerse daño, como si de eso dependiera el destino de un conjunto humano, o al menos de nuestra estropeada cotidianidad. Por ejemplo, la acusación constitucional y su desenlace, de primera instancia, es la demostración palmaria del juego, de la adrenalina, de la emoción que significa participar en la actividad, asignados cada cual sus roles, con reglas prefijadas y contenidas como caballeros que luchan por los botones (“La Guerra de los Botones” película francesa de 1962 que también podría simbolizar la lucha lúdica que se da en el congreso).
La ventaja de este juego es que nadie se hará daño. Sinceramente alguien podría creer que la vida cambiará en algo que se destituya a una ministra, que se desarmará en algo la tan preciada estabilidad, el esquema prefijado y acordado por la elite desde fines de dictadura y que ha significado importantes beneficios a los bandos en “pugna”. Nada de lo que se diga o haga implicará una perdida de la estabilidad del juego, de hecho es parte de mismo los reclamos, los lloriqueos de los participantes, que exigen al “arbitro” (Tribunal Constitucional, Corte Suprema) que mantenga las reglas, simbólicamente sirve para tensar a los grupos, ayuda a definir las correlaciones de los jugadores, tensando a los bandos, confirmando o estableciendo nuevos liderazgos.
Da algo de pudor ver a ministros, congresistas o dirigentes comentar las incidencias de la partida, rasgando vestidura y hablando de la crisis en ciernes, de la falta del credibilidad del contrincante, de las zancadillas no sancionadas, de la falta de “fair play”. Una mugre que no se asuma – Huizinga diría que es parte de la dinámica del juego que se hable desde la seriedad y rigurosidad de la actividad sistematizada- que nada cambiará, que todo está hablado y sancionado, que la derecha y la concertación saben que existe un límite y es el de la estabilidad del sistema, que esa frontera requiere acuerdos nacionales cuando se ve amenazada, que existe una homeostasis que perdura, y en momentos que se ve cuestionada se ha tenido que llegar a consensos, éstos de han logrado.
DOS. Lo que si debiera preocupar, alarmar, sincerar en los limites, son las prácticas – nuevamente juegos desde la perspectiva de Huizinga- pero esta vez es de las actividades que si tienen consecuencias para la comunidad, para los pueblos que componen nuestro país, para sus habitantes, para los que disiden del juego de poder. Pero esos juegos se muestran de manera diversa en los medios, están cercados por el prejuicio, por la indiferencia o por el interés de los dueños, los que imponen las reglas. La muerte de dos joven a consecuencia directa -René Palma Mancilla- o indirecta -Jhonny Cariqueo Yánez- de la represión o el clima de criminalización y persecución que opera en bastos sectores de la ciudad, donde el acto de protesta política es contenido como un delito, expresión de la teoría del “Derecho penal del enemigo”, de la indeseabilidad de los sujetos asistémicos, en el que la policía actúa de manera descontrolada, casi sin contrapesos institucionales que les permitan desplegar procedimientos ajustados al derecho humanitario internacional que contempla limites en el actuar de las fuerzas de seguridad.
Este es el juego de roles, en el que los sujetos populares son los “malos”, los enemigos que deben ser controlados y neutralizados. El problema es que en esta lógica de enemigos, se atropellan un cúmulo de garantías de diversa naturaleza, para manifestaciones también diversas. Hace unas semanas se realizó una protesta frente al Tribunal Constitucional referido al fallo espurio sobre la pastilla anticonceptiva de emergencia. Un numeroso contingente policial intentó controlar la “horda” de mujeres y hombres. Sin provocación aparente, la policía utilizó fuerza disuasiva para disolver la pacifica protesta, que entre sus convocantes se encontraban organizaciones oficialistas. Nada sirvió para impedir el accionar. Fueron varios los detenidos y golpeados.
El martes pasado el capítulo chileno de Amnistía Internacional envió una carta al gobierno, en voz del ministerio del interior, para reclamar por los hechos de ese jueves 3 de abril, y para pedir una definición clara de parte de la autoridad referida a los derechos que tienen los ciudadanos para manifestar su disenso en la calle, el uso de fuerza y otros aspectos de la manera de asumir la protesta pública.
Quien comprenda un poco el sentido de la argumentación oficial podrá suponer que el tenor de la respuesta –si es que se entrega públicamente- será en el sentido de la invocación del mentado “estado de derecho”; de la “garantía que tiene todo ciudadano en asociarse y manifestar pacifica y libremente su parecer”. Resulta que todo aquello, frases más que conocidas por todos los que propiciamos cambios en nuestro entorno y que por lo tanto hemos tenido que estar a disposición de las fuerzas del orden, tiene limites claros desde la lógica del poder. “Libertad en la medida que no se oponga a la libertad de otros…”; “…no entorpecer el normal desarrollo de la actividad comercial establecida… y manifestar en paz” (argumentación mezquina la que desplegó Bachelet previo a la conmemoración del día del joven combatiente y que dejó de saldo la expulsión de seis ciudadanos europeos por participar en un carnaval cultural en la tarde de la jornada); “…que no se produzcan desmanes ni salidas de un ideal itinerarios…”, por supuesto que todo lo anterior debe estar informado y aprobado por la autoridad –la intendencia de Santiago se demora hasta 3 días en responder a la solicitud de manifestación pública. Por lo visto, en el ámbito de los derechos políticos se está perdiendo rápidamente consistencia, en una democracia que es una sombra de lo que se quiso construir a fines de los noventa.
TRES. Nuevamente el juego como referencia, no solo metafórica, de las dimensiones de desarrollo de los vínculos gregarios del ser humano. De manera certera se debiera decir que nos hiciéramos cargo del juego y sus reglas, de la elaboración de los roles con la asignación de actividades asociado. Aquí hablamos de esa tremenda utopía que es la autonomía. Pero eso es parte de otra reflexión. Mientras tanto a empoderar nuestro entorno.
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