No podría ser una coincidencia los hechos que se repiten en Wallmapu, actos de fuerza que se manifiestan de múltiples formas desde el estado chileno, concebidos en la lógica del poder y la negación del Otro.
Pierre Clastres, etnólogo francés define etnocidio como “…la destrucción sistemática de los modos de vida y de pensamiento de gentes diferentes a quienes llevan a cabo la destrucción…” (en “Investigaciones en antropología política”. Gedisa, 2001). Sumando los actos que se han producido históricamente, pero especialmente en los últimos veinte años, debiéramos admitir que estamos en presencia de una política de estado concebida para la aniquilación de modos de vida y de pensamiento, que en el caso opera desde la posibilidad de transformar estos modos de vida en folclor del que detenta el poder, quienes provocan el exterminio.
Una muestra plausible para analizar la operatoria del exterminio la encontramos, por ejemplo, en la construcción de la carretera costa, en este tramo da las Comunas de Puerto Saavedra y Teodoro Schmidt, llamada por el MOP “Ruta Lafkenche”. En una contradicción propia del absurdo, el estado chileno propició una legislación que reconocía la existencia de la Identidad Lafkenche en la costa de la IX y X Región. Pero ese reconocimiento –con zonas protegidas y focalización de políticas públicas para el fomento de actividades productivas- es hasta a la altura de los requerimientos geopolíticos que ha impulsado el Estado para el Wallmapu.
En la zona que se desarrolla el proyecto vial es de las más importantes para el universo espiritual Mapuche. Con el cerro Tren-tren, sitios que tienen profundo significado en el mito de la creación del mundo y la humanidad, con cementerios y espacios de ritualidad, el Estado ha definido éste como el lugar por donde se construirá la carretera.
En noviembre se presentó un Recurso de Protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco y que en sucesivas resoluciones ha negado la “orden de no innovar” (ONI). El día jueves 10 de enero se presentó una nueva petición de ONI, pero esta vez con el antecedente que del día 3 de enero, el Tercer Juzgado Civil de Letras de Temuco, y en momentos que la nación Mapuche sentía el duelo del asesinado peñi Matías Catrileo, notificó la “Toma de posesión” de terrenos de los comuneros expropiados. Esto quiere decir que es inminente el ingreso de equipos militares que están a cargo de los levantamientos técnicos de la obra, la llamada Fuerza Militar de Trabajo del Ejército de Chile.
La significación simbólica y práctica de está acción de posesión del territorio es la imposibilidad –desde las prerrogativas del Ordenamiento Jurídico del estado chileno- de impedir el daño que se producirá en la zona. Es un nuevo capítulo de la larga seguidilla de atentados contra la identidad única y que requiere el máximo respeto.
En un escenario de agudización de los conflictos jurídicos, en que la negación de los derechos del Otro, de los pueblos originales se multiplica, con una política que por momentos parece contradictoria entre un discurso culturalmente sensible de la riqueza cultural, pero que al momento de definir su accionar no trepida en negar la pertinencia de la autonomía del pueblo originario. Antecedente es la discusión del Convenio 169 de la OIT por parte de los poderes del Estado.
Colectivo “Estrategia Jurídica Comunitaria”
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