UNO. La muerte no va con quienes desean una mejor vida. Tal idea sería de una contradicción difícil de entender. Talvez por eso la “Chepa”, Patricia Troncoso, aún resiste la dura prueba que se ha colocado y que clama por una atención de toda la sociedad. 93 días en huelga de hambre, sobreviviendo técnicamente por las transfusiones de suero que le son suministradas contra su voluntad en la posta de la cárcel de Angol, y este fin de semana en el hospital Mauricio Hagermann donde se le realizarán exámenes médicos para comprobar lo que es de sentido común: que luego de tal sacrificio el cuerpo de Chepa se encuentra resistiendo con el último aliento de vida.
El examen en cuestión fue el acuerdo al que llegó en la tarde de ayer viernes el padre de la comunera, dirigentes mapuche y el ministro secretario general de la Presidencia José Antonio Viera-Gallo. Después de comprobar el delicado estado de saludo se iniciarán las conversaciones para establecer una mesa de negociación, esto último a pesar de que desde el mismo gobierno se dice que no es de su potestad intervenir en una resolución ejecutoriada del poder judicial.
En algún punto todo esto se vuelve un ejercicio de hipocresía de mayúscula proporción. La administración concertacionista sabe que todo el problema es político, ni un poco judicial. Es política la solución, y tiene que ver con que Patricia Troncoso ha cumplido la mitad de su pena de 10 años –hechos juzgados al amparo de la herramienta leguleya con la que la dictadura juzgó a cientos de combatientes chilenos: Ley Antiterrorista.
Pero no es solamente la solución de la petición inmediata de Chepa es de carácter política, es también el iniciar un real camino de construcción de solución del conflicto, y que como he comentado en otras columnas, es jurídico pues en su génesis está la negación de derechos a las identidades nacionales que cohabitan el territorio chileno. La declaración de un grupo de historiadores da algunas luces del sentido de esta solución al comprender el alcance de la deuda que está pendiente con estas identidades nacionales.
DOS. De pronto todo lo que parecía contenido se desarmó cual castillo de arena cubierto por las olas de la tarde. En cierto sentido el dolor despierta niveles de conciencia y expectación en la sociedad. A pesar del fuerte cerco que se mantiene, ha sobresalido la lucha que levantan en el sur, y que por efecto del impacto se proyecta a casi todo el territorio y a nivel internacional.
En una coyuntura política cifrada en los cambios de la segunda mitad de la administración Bachelett, ha decidido desarmar su imagen de “madre” abnegada –debo reconocer que en algún momento sentí mucha empatía por ese constructo- por la de la mujer que es capaz de delegar en su primer ministro de facto Edmundo Pérez Yoma –tesis impulsada por el cientista Oscar Godoy A. en La Tercera 12 enero- y que expresión de ese cambio es la dura represión que se ha visto en las últimas manifestaciones en Santiago y otras ciudades del país. En todo caso sería un tremendo fracaso, si es que aceptamos la tesis del primer ministro de facto, para todo el sueño de la “matria” republicana que se impulsó al principio de la actual administración. Ya se ha visto, podría ser el mensaje, que la mujer es débil para gobernar. Mala cosa, pues la derecha exige aplicar todas las prerrogativas para detener el ambiente de agitación “terrorista” que está viviendo el país, el hijo del carnicero de Puerto Montt es de los que no le tendría ningún problema en ser una emulación a la gestión del padre.
Los hechos que hago mención: en Puerto Montt 1969, por efecto de una deficiente planificación y ayuda estatal a damnificados del terremoto de 1960 en la zona, pobladores sin casa han comenzado una serie de tomas de terreno, que para el caso, significo que el martes 4 de marzo 90 familias ocuparan un terreno denominada Pampa Irigoin. El día domingo 9 de marzo las fuerzas policiales, con autorización del ministro del interior Edmundo Pérez Zujovic, inician la erradicación de los pobladores con un saldo de 12 muertos.
No es distinto a los argumentos que se utilizan para justificar hoy la acción de las fuerzas represivas del Estado: “restablecer el estado de derecho”, “la seguridad de los habitantes y propietarios…” y cosas por el estilo.
TRES. Cuando la investigación de la muerte de Matías Catrileo avanza al paso del que no tiene nada que perder, cuando la vida de Chepa puede esperar al informe médico hasta la próxima semana, cuando se sigue criminalizando la acción de solidaridad de cientos de chilenos y la lucha de un pueblo, cuando los medios siguen ocultando y manipulando los hechos e incentivando la violencia -portada de La tercera 12 de enero 2008- se hace indispensable difundir y socializar los contenidos de éstos hechos.
El examen en cuestión fue el acuerdo al que llegó en la tarde de ayer viernes el padre de la comunera, dirigentes mapuche y el ministro secretario general de la Presidencia José Antonio Viera-Gallo. Después de comprobar el delicado estado de saludo se iniciarán las conversaciones para establecer una mesa de negociación, esto último a pesar de que desde el mismo gobierno se dice que no es de su potestad intervenir en una resolución ejecutoriada del poder judicial.
En algún punto todo esto se vuelve un ejercicio de hipocresía de mayúscula proporción. La administración concertacionista sabe que todo el problema es político, ni un poco judicial. Es política la solución, y tiene que ver con que Patricia Troncoso ha cumplido la mitad de su pena de 10 años –hechos juzgados al amparo de la herramienta leguleya con la que la dictadura juzgó a cientos de combatientes chilenos: Ley Antiterrorista.
Pero no es solamente la solución de la petición inmediata de Chepa es de carácter política, es también el iniciar un real camino de construcción de solución del conflicto, y que como he comentado en otras columnas, es jurídico pues en su génesis está la negación de derechos a las identidades nacionales que cohabitan el territorio chileno. La declaración de un grupo de historiadores da algunas luces del sentido de esta solución al comprender el alcance de la deuda que está pendiente con estas identidades nacionales.
DOS. De pronto todo lo que parecía contenido se desarmó cual castillo de arena cubierto por las olas de la tarde. En cierto sentido el dolor despierta niveles de conciencia y expectación en la sociedad. A pesar del fuerte cerco que se mantiene, ha sobresalido la lucha que levantan en el sur, y que por efecto del impacto se proyecta a casi todo el territorio y a nivel internacional.
En una coyuntura política cifrada en los cambios de la segunda mitad de la administración Bachelett, ha decidido desarmar su imagen de “madre” abnegada –debo reconocer que en algún momento sentí mucha empatía por ese constructo- por la de la mujer que es capaz de delegar en su primer ministro de facto Edmundo Pérez Yoma –tesis impulsada por el cientista Oscar Godoy A. en La Tercera 12 enero- y que expresión de ese cambio es la dura represión que se ha visto en las últimas manifestaciones en Santiago y otras ciudades del país. En todo caso sería un tremendo fracaso, si es que aceptamos la tesis del primer ministro de facto, para todo el sueño de la “matria” republicana que se impulsó al principio de la actual administración. Ya se ha visto, podría ser el mensaje, que la mujer es débil para gobernar. Mala cosa, pues la derecha exige aplicar todas las prerrogativas para detener el ambiente de agitación “terrorista” que está viviendo el país, el hijo del carnicero de Puerto Montt es de los que no le tendría ningún problema en ser una emulación a la gestión del padre.
Los hechos que hago mención: en Puerto Montt 1969, por efecto de una deficiente planificación y ayuda estatal a damnificados del terremoto de 1960 en la zona, pobladores sin casa han comenzado una serie de tomas de terreno, que para el caso, significo que el martes 4 de marzo 90 familias ocuparan un terreno denominada Pampa Irigoin. El día domingo 9 de marzo las fuerzas policiales, con autorización del ministro del interior Edmundo Pérez Zujovic, inician la erradicación de los pobladores con un saldo de 12 muertos.
No es distinto a los argumentos que se utilizan para justificar hoy la acción de las fuerzas represivas del Estado: “restablecer el estado de derecho”, “la seguridad de los habitantes y propietarios…” y cosas por el estilo.
TRES. Cuando la investigación de la muerte de Matías Catrileo avanza al paso del que no tiene nada que perder, cuando la vida de Chepa puede esperar al informe médico hasta la próxima semana, cuando se sigue criminalizando la acción de solidaridad de cientos de chilenos y la lucha de un pueblo, cuando los medios siguen ocultando y manipulando los hechos e incentivando la violencia -portada de La tercera 12 de enero 2008- se hace indispensable difundir y socializar los contenidos de éstos hechos.
Comentarios